
Como bien recuerdan, hace unos días escribí sobre una demolición que tuvo lugar en Playa Honda (Cartagena). De la lectura del texto y de mi crítica podría entenderse que soy un virulento opositor de las construcciones hechas a menos de 200 metros de la costa. Y en cierto modo, lo soy. Ver un edificio sobre un acantilado, una colección de casas bajas a orillas de la playa o una interminable sucesión de hoteles sobre una pequeña manga, es en sí mismo algo aberrante.
Pero quiero decir que yo o, mejor dicho, mi familia, somos afectados de la actual aplicación que el Gobierno quiere hacer de la Ley de Costas, en vigor desde 1988, aunque nadie le haya hecho mucho caso hasta hoy. Dicha Ley estableció que no podrían construirse edificios a menos de los ya citados 200 metros de la línea de playa o, en otras palabras, que todo el terreno que queda entre el agua del mar y las primeras construcciones es de dominio público-terrestre y no puede ser propiedad privada de nadie. Recuerden la que tenemos montada a cuenta de los polémicos chiringuitos. Pues imagínense lo que hay con las construcciones que son de hormigón.
En primer lugar, pongan ejemplos que ustedes conozcan que no cumplen el requisito antes descrito y que hayan sido levantados después de 1988. Les daría para rellenar varias páginas..., pero en fin para qué vamos a hablar si esto es España...
En tal tesitura, por un lado, ¿qué pasa con los edificios construidos legalmente antes de 1988 y que están levantados entre esos 200 metros? Una absoluta indefensión. La Ley establece que, treinta años después de su aprobación, o sea en 2018, la propiedad de esas casas pasa a ser del Estado. Da igual que mi familia tenga una escritura de propiedad ante notario. Y también da igual, como es nuestro caso, que mi abuelo comprase dicho apartamento en 1970 comprometiéndose a que pasados 99 años (es decir, en 2069) se perdería la propiedad y el edificio sería derribado para la recuperación del terreno sobre el que se asienta para uso público. Nosotros ya tenemos asegurado que, a partir de 2018, nuestra casa de Torrevieja deja de ser legalmente nuestra. Y lo sabemos, como pueden ustedes deducir -y he aquí el tomate de la cuestión-, porque el contenido de esta Ley es retroactivo y, por tanto, afecta a edificios levantados después y antes de 1988; aspecto éste último de dudosa constitucionalidad desde mi humilde punto de vista. Huelga decir que construcciones como la de la foto se sujetaban a las leyes entonces en vigor, no a la Ley de Costas; entre otras cosas, porque ésta no existía, y sus arquitectos y aparejadores se contentaban con ser solo eso, no adivinos.
Nosotros podríamos seguir disfrutando nuestro apartamento, uno de los de la foto, en el caso de que el Estado nos diera una concesión de treinta años, ampliables otros treinta; aspecto que se contempla solo para el caso de las construcciones erigidas antes de 1988, como es nuestra situación. Aun así, la Comunidad de Propietarios tendrá que pleitear y defenderse, pues la cosa no está muy clara. Pero, claro, como comprenderán, no podremos venderla en el caso de que lo necesitáramos porque, aunque la gente sea tonta, a nadie se conoce que guste de adquirir una casa de la que no va a ser dueño. Y quiero advertir que los compradores que en aquella época las adquirieron no estaban en contra de la naturaleza, ni de los delfines, ni de la madre Naturaleza, ni se gastaron el dinero por molestar a los que aman tomar el sol como lagartos. Simplemente fueron construcciones realizadas con todos los permisos y autorizaciones y los que las compraron no tenían culpa de nada; el daño ya estaba hecho.
Pero aun hay más. Por otro lado, están los más indefensos. Aquellos que poseen ahora en propiedad una casa construida desde 1988 en adelante sin haberse tenido en cuenta los nuevos límites del dominio público y, por supuesto, sin que nadie les informara sobre el contenido de la Ley ni acerca del riesgo que corrían en el caso de que al Gobierno de turno le diera por cumplirla a rajatabla. Cosas de España. El caso es que estos propietarios no tienen escapatoria. Se supone que, cuando llegue el año 2018, dentro de tan solo nueve años, sus viviendas pasarán a ser ilegales y verán cómo las maquinas las hacen desaparecer sin poder hacer nada más que mirar, llorar, grabar un vídeo con el móvil para colgarlo en YouTube o hacer fotos para inmortalizar la injusticia. Invirtieron en ellas para nada y muchos se quedarán sin casa donde meterse porque, por mucho que pueda resultar increíble, hay a quienes el sueldo solo les da para mantener y pagar una sola vivienda. Y dando gracias al Cielo...
A todo esto, como ustedes mismos pueden observar cuando viajen a cualquier rincón de la costa española, seguimos viendo edificios bien altos y bien hermosos que se están construyendo en estos momentos literalmente a la orilla del agua. Pero, ¿de qué van nuestros gobiernos nacional y regionales? Me pregunto, ¿se derribará la finca y el palacete que no sé qué jeque árabe tenga en Marbella, con su puerto deportivo privado incluido?, Y a los dueños de los hoteles, ¿por qué no se les dice que dentro de nueve años se les acabó el chollo? Y doy por supuesto, como no podría ser de otra manera, que el Sr. Rodríguez Zapatero, tan ecuánime como siempre, como un ciudadano más que es igual a todos nosotros, estará dispuesto a quedarse sin su residencia oficial de vacaciones con tal de defender nuestro patrimonio natural. Y así podríamos seguir hasta pasado mañana por la noche, pero no es cuestión de que tengan que ir por colirio para acabar de leer esta entrada.
Esta gente está asociada para hacer más fuerza y, juntos, ayudarse a no perder la esperanza, asesorados por el abogado José Ortega, entendido en la materia y que defiende a las Comunidades de Vecinos que ya están pleiteando. Se trata de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas (PNALC). Si alguien está interesado en el tema y quiere cerciorarse de que el asunto afecta a miles de personas repartidas por toda nuestra geografía, puede visitar este blog de noticias de la asociación.
http://afectadosleydecostas.blogspot.com/
También se encuentra a nuestra disposición este grupo de Facebook: Apoyo a los Afectados por la Ley de Costas.
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